El Poder Judicial negocia suspender al juez Tirado entre cinco meses y un año

El Consejo General del Poder Judicial está negociando una sanción que puede oscilar entre cinco meses y un año de suspensión de empleo y sueldo para el juez Rafael Tirado, el magistrado de Sevilla que no ejecutó una sentencia de ingreso en prisión del pederasta Santiago Del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz. La idea del Consejo es despachar este polémico asunto en un pleno el 17 de diciembre. Aún no hay nada cerrado. Pero ya se han producido los primeros contactos entre los vocales progresistas y conservadores del Poder Judicial para tratar de consensuar la sanción y evitar una fractura en la primera decisión controvertida que deberán adoptar desde su nombramiento en septiembre.

Tras estudiar el expediente del juez, sus alegaciones y el recurso del fiscal, que reclama una sanción de tres años de suspensión, el sector progresista maneja como opción una sanción que oscile entre seis meses y un año de suspensión. Y así lo han hecho saber a los vocales del sector conservador. Éstos (no todos, pero sí una mayoría) convienen en que la sanción que impusieron los anteriores vocales del Poder Judicial (una multa de 1.500 euros por una falta grave de desatención) fue exigua. Pero tienen claro su rechazo a convertir al juez Tirado en un cabeza de turco. Un sector significativo del sector conservador estaría dispuesto a aceptar que la sanción sea por falta muy grave, lo que lleva implícito una suspensión de funciones, pero no a que ésta exceda de seis meses. Cinco meses o incluso menos sería aceptable. El matiz está en que una sanción superior a seis meses supondría que, al término de la misma, Tirado estaría obligado a cambiar de juzgado.

Si finalmente no hubiera consenso entre ambos sectores, tampoco es descartable que ambos grupos permitan el voto en conciencia a cada vocal. Y es que hay vocales conservadores partidarios de mantener la multa y otros progresistas que han llegado a postular dos años de suspensión.

La decisión de la anterior comisión disciplinaria de imponer una multa de 1.500 euros partió de los dos vocales conservadores y fue secundada por el vocal independiente Agustín Azparren, quien decantó al final la balanza en ese sentido. Las dos vocales progresistas de esta comisión eran partidarias de catalogar como falta muy grave la actuación de Tirado y suspenderle de funciones.

La multa de 1.500 euros provocó un gran debate social y llevó a miembros del Gobierno y de la oposición a criticarla con dureza. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega apostó incluso porque el nuevo Consejo elevase la sanción a tres años de suspensión. La multa se habría tornado firme e inapelable si no fuese por el recurso que presentó la fiscalía y que obliga a que el asunto sea revisado por el Pleno del Gobierno de los jueces, compuesto por 21 miembros, el presidente, nueve progresistas, nueve conservadores y dos propuestos por PNV y CiU.

Ahora mismo, el asunto está de nuevo en manos de la comisión disciplinaria (pero ya con nuevos vocales). Esta comisión puede hacer un nuevo informe para elevarlo al pleno, dando su opinión sobre los recursos que han presentado el fiscal y el juez Tirado contra la sanción. El ponente del caso en esta instancia es el vocal progresista José Manuel Gómez Benítez. Esta comisión se compone de dos vocales progresistas, dos conservadores y Margarita Uría, propuesta por el PNV, que es la que puede decantar el contenido del informe. Pero sólo podrá hacer un informe, ya que el caso Tirado es ya un asunto que compete de lleno al pleno del Poder Judicial. Éste ha nombrado como ponente del asunto al vocal progresita Félix Azón. Lo previsible es que ambos ponentes dialoguen y lleven una propuesta conjunta al pleno.

Progresistas y conservadores intentarán llegar al pleno con una propuesta común. El objetivo es sancionar este caso desde una perspectiva estrictamente jurídica, exenta de presiones mediáticas o sociales. Para ello, algunos vocales han consultado incluso la doctrina sobre conductas similares promulgada por el Supremo. Quieren evitar que el alto tribunal la anule luego.

Por ello, vocales de uno y otro sector insisten en que hay que desvincular la desatención de Tirado en el expediente del caso Mari Luz de la muerte de la niña y analizarlo desde una óptica jurídica. Desde esa perspectiva, lo más grave que se cierne sobre el juez es que, tres meses antes de la muerte de la niña, inspectores del Poder Judicial visitaron su juzgado y le advirtieron de que debía corregir el descontrol que había en la ejecución de sentencias.